El gobierno argentino está actualmente debatiendo un proyecto de ley, presentado por el oficialismo, que busca recaudar en vistas del pago de la deuda al FMI, que incluye el blanqueo de cuentas bancarias, propiedades e instrumentos financieros y, curiosamente, activos en criptomonedas. En la letra del acuerdo, específicamente en el artículo 7, se menciona que “los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por un aporte especial de emergencia que se aplicará a los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y no hayan sido declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.
En el inciso C puede leer el detalle de los activos que serán considerados: Bienes muebles, incluido acciones, participación en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADRs), cuotapartes de fondos comunes abiertos o cerrados, cripto activos y otros similares.
El proyecto busca que quienes tengan bienes en el exterior los declaren en territorio nacional, repatriándolos con una alícuota del 20% para quienes se adhieran en los primeros seis meses (que luego sube al 35% para períodos posteriores). Esto incluirá criptoactivos, además, contará con el aval del FMI. Según explicita la letra de la ley, el Ministerio de Economía podrá "solicitar la colaboración del FMI, en el marco de sus facultades estipuladas en el Estatuto y su reglamento, a: asistir a la República Argentina en las políticas nacionales e internacionales contra la evasión fiscal, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos".
Una de las razones principales por las que el gobierno está interesado en que los criptoactivos ingresen en este blanqueo de capitales es la cantidad de dinero que mueven en Argentina. El país tiene un mercado de criptomonedas valuado en casi 70,000 millones de dólares, según datos de la firma de análisis Chainalysis. De concretarse la ley, aquellas personas que declaren bienes e inversiones declarados serán susceptibles de pagar Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias (específicamente en el caso de trading o arbitraje). Esto se sumaría al pago de impuesto al cheque, que ya afecta a las criptomonedas desde el año pasado.
Los usuarios que eventualmente se verían afectados son aquellos que operen en exchanges locales ya que los mismos están obligados a presentar mensualmente el régimen informativo sobre sus operaciones, según lo dictaminado en la Resolución 4164/2019 de la AFIP. En cambio, quienes operen con tecnologías como las wallets no custodiales no serán elegibles para el blanqueo a menos que así lo decidan ya que estas soluciones no están nominadas: no puede relacionarse la dirección de la billetera con una persona física.
