El auge de las tecnologías financieras, o Fintech, ha transformado el panorama económico de América Latina, prometiendo una mayor inclusión y eficiencia. Sin embargo, este crecimiento exponencial presenta a los gobiernos de la región un dilema regulatorio de gran envergadura: cómo diseñar marcos legales que permitan florecer la innovación sin socavar la estabilidad del sistema financiero tradicional.
El éxito inicial de las empresas Fintech se ha cimentado, en gran medida, en la agilidad y la flexibilidad que les proporciona operar con una regulación menos estricta que la impuesta a la banca establecida. Esta menor carga normativa les permite innovar rápidamente, ofrecer productos y servicios financieros de manera más eficiente y, crucialmente, alcanzar a poblaciones que históricamente han estado desatendidas por las instituciones financieras convencionales. Desde pagos móviles hasta plataformas de préstamo entre pares y herramientas de gestión patrimonial, las soluciones Fintech suelen ser más accesibles y rápidas.
Esta misma laxitud regulatoria es, paradójicamente, su principal fuente de riesgo. Al operar con menos requisitos de capital, menor supervisión en materia de prevención de lavado de dinero o estándares de ciberseguridad menos rigurosos, el riesgo asociado a estas operaciones aumenta. Este riesgo no es un asunto puramente interno de las empresas de tecnología financiera. La realidad es que, a pesar de su promesa de disrupción, la mayoría de las Fintech aún dependen de la infraestructura del sistema bancario tradicional para funciones esenciales, como la liquidación de transacciones, la custodia de fondos y el acceso a los sistemas de pago nacionales.
La interconexión de las tecnologías financieras con los bancos es profunda. Si una gran Fintech que maneja un volumen considerable de transacciones o clientes llegará a experimentar un fallo operativo o financiero grave, el contagio podría extenderse al sistema bancario. Los bancos tradicionales, al servir de puente o partner para muchas de estas empresas, quedan expuestos de manera indirecta. Por lo tanto, el riesgo que asume el sector de la tecnología financiera es, en última instancia, un riesgo que puede comprometer la seguridad y la confianza en el conjunto de la economía.
Los gobiernos y los entes de supervisión financiera en la región se encuentran en una posición delicada. Su principal objetivo es salvaguardar los ahorros del público y mantener la solidez del sistema. No obstante, tienen también el mandato de fomentar el desarrollo económico y la inclusión financiera.
