Los responsables políticos del Reino Unido están divididos sobre si debe prohibirse la venta, comercialización y distribución de derivados y notas cotizadas (ETN) ligadas a criptomonedas cuando se trate de inversores minoristas. El Comité de Política Reguladora considera que la medida, adoptada en 2021, no está justificada en las circunstancias actuales.
El principal regulador británico, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), impuso la prohibición en enero de 2021. Desde entonces, las empresas ya no pueden ofrecer productos derivados de criptomonedas, como futuros, opciones y ETN, a clientes minoristas.
La prohibición general se impuso a pesar de que el 97% de quienes respondieron a la consulta de la FCA se opusieron a la prohibición "desproporcionada", y muchos argumentaron que los inversores minoristas son capaces de evaluar los riesgos y el valor de los criptoderivados.
El 23 de enero, el Comité de Política Reguladora (RPC) -organismo público consultivo financiado por el Ministerio de Empresa, Energía y Estrategia Industrial- expuso sus razones contra la prohibición de la FCA.
Utilizando el análisis coste-beneficio, el RPC evaluó las pérdidas anuales de la medida en unos 268.5 millones de libras esterlinas (USD 333 millones). Como afirma el RPC, la FCA no proporcionó una explicación clara de lo que ocurriría específicamente en ausencia de la prohibición. Tampoco explicó la metodología y los cálculos para estimar los costes y beneficios en su momento. Sobre esta base, el RPC califica la prohibición en el nivel "rojo", lo que significa que no es adecuada para su propósito.



