Los legisladores australianos están adoptando una postura más dura contra el ransomware con un nuevo plan que aumenta las sanciones para los infractores.
Las nuevas medidas y la propuesta de modificación de la legislación sobre vigilancia anunciadas por el gobierno federal el 13 de octubre se producen tras un aumento del 60% de los ciberataques a empresas y organismos estatales australianos el año pasado. Según los informes, estas incursiones costaron a la economía 1,400 millones de dólares australianos (unos 1,000 millones de dólares estadounidenses).
El Plan de Acción contra el ransomware otorgaría a las autoridades la facultad de incautar o congelar las transacciones financieras en criptomonedas que estén asociadas a la ciberdelincuencia, independientemente del país de origen.
El gobierno pretende modernizar la legislación actual para facilitar a las autoridades el intento de recuperar los fondos en criptomonedas robados por los ciberdelincuentes.
La ministra del Interior, Karen Andrews, ha declarado que las nuevas medidas están diseñadas para disuadir a las empresas australianas de ser objetivo de los hackers internacionales. "Nuestras nuevas y estrictas leyes se centrarán en esta delincuencia en línea y golpearán a los ciberdelincuentes donde más les duele: sus saldos bancarios", añadió.



