Los legisladores demócratas de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos han enviado una carta a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y al Departamento de Energía (DOE) para informarles de sus hallazgos sobre el consumo de energía de la minería de criptomonedas y pedir a las agencias que exijan a la minería que informe de sus emisiones y del uso de energía. Mientras tanto, el Senado paraguayo, la cámara alta de la legislatura de ese país, ha aprobado un proyecto de ley integral para regular las criptomonedas y permitir a los mineros utilizar el exceso de electricidad generada en el país.
Los seis legisladores estadounidenses, encabezados por la crítica de las criptomonedas Elizabeth Warren, señalaron en su carta del 15 de julio que la minería de criptomonedas ha aumentado en Estados Unidos desde que fue prohibida por China el año pasado. Las siete empresas de minería de criptomonedas que respondieron a la solicitud de información de los legisladores revelaron una capacidad colectiva de 1.045 MW de electricidad, lo que equivale a todas las residencias de Houston, TX, la cuarta ciudad más grande del país.
El uso de la energía por parte de los mineros de criptomonedas está haciendo subir los precios a otros consumidores, afirmaba la carta, citando estudios gubernamentales y académicos y un informe de prensa. Desestimó las afirmaciones de eficiencia energética de los mineros, diciendo: "Estas y otras promesas similares sobre el uso de energía limpia ocultan un hecho simple: los mineros de Bitcoin están utilizando enormes cantidades de electricidad que podrían ser utilizadas para otros usos finales prioritarios que contribuyen a nuestros objetivos de electrificación y clima".
Hay poca información disponible sobre las emisiones de la minería de criptomonedas, continuó la carta, pero, "Nuestra investigación sugiere que la industria general de la criptominería de Estados Unidos es probable que sea problemática para la energía y las emisiones". Los autores solicitaron que la EPA y el DOE expliquen su autoridad para recopilar información sobre la industria de la criptominería y sus planes para hacerlo, citando varios usos beneficiosos de esa información:
"Estos datos recogidos permitirían llevar a cabo valiosas actividades de política pública, como un mejor seguimiento del uso y las tendencias de la energía, una mejor base de pruebas para la elaboración de políticas, mejores datos para los análisis nacionales de mitigación, mejores capacidades para evaluar las políticas tecnológicas para el sector y una mejor modelización de las cargas y transiciones de la red nacional y regional, entre otros fines".
