El Salvador se ha vuelto un referente en el ecosistema criptográfico en América Latina. Fue el primer país en declarar a bitcoin como moneda de curso legal. De la misma manera ha estado implementando normas tendentes a disminuir la brecha tecnológica y financiera del país centroamericano.
En este sentido, actualmente y hasta el 10 de octubre está vigente una consulta pública sobre la modificación de una normativa que va a permitir que los proveedores de servicios de activos digitales (PSAD) se comuniquen con el sistema financiero sin intermediar con la banca privada.
Esta normativa resulta necesaria debido a que la Ley de Emisión de Activos Digitales, en su Artículo 19 - Ordinal A, indica que los Proveedores de Servicios de Activos Digitales podrán intercambiar activos digitales por dinero fiduciario o el equivalente por otros activos digitales, ya sea utilizando el capital propio o el capital de un tercero.
En este sentido, el Consejo Directivo del Banco Central de Reserva de El Salvador ha iniciado el proceso para modificar una parte de las normas que permiten “el acceso, participación, suspensión, y exclusión de los sistemas de pagos administrados por el banco central a los proveedores de servicios de activos digitales”.
El proceso está sometido a consulta pública, para que todos los actores que puedan estar involucrados en la industria de los activos digitales aporten ideas concretas de cómo debería estar regulada esta interconexión del ecosistema criptográfico con el sistema financiero tradicional.



