Cuando en América Latina hablamos de inversión, nuestra mirada casi siempre se posa en el dinero que viene de fuera, la tan anhelada inversión extranjera. Creemos que la solución a nuestros problemas económicos reside en atraer a grandes capitales de otras latitudes. Pero, ¿y si el verdadero problema estuviera mucho más cerca, en el dinero que los propios latinoamericanos, y sus empresas, deciden no invertir en su tierra? La dura verdad es que, en la mayoría de los casos, la raíz del mal no es la falta de capital foráneo, sino la dolorosa ausencia de inversión interna. Los mismos ciudadanos, con recursos propios, optan por no apostar por sus países.
Es un patrón que se repite una y otra vez. Empresarios que levantan compañías exitosas, a veces incluso gracias a contratos lucrativos con el gobierno, terminan por sacar la mayor parte de su capital fuera de las fronteras. No es un secreto, es una realidad palpable. Las personas, y sobre todo las que tienen el poder de decidir dónde colocar su dinero, simplemente no encuentran buenas opciones dentro de sus propios países. Y por el otro lado, las naciones pierden una cantidad ingente de capital que, en lugar de generar riqueza y empleo local, se esfuma hacia destinos aparentemente más seguros o rentables.
¿Por qué ocurre esto? Las razones son un cóctel amargo y bien conocido. La inestabilidad política es una de las primeras en la lista. Elecciones inciertas, cambios de gobierno drásticos, populismos que prometen el cielo y terminan desestabilizando la economía… todo esto genera una enorme incertidumbre. Nadie quiere invertir si no sabe si las reglas del juego van a cambiar de la noche a la mañana, si su propiedad será respetada o si su empresa será objeto de expropiación o de regulaciones caprichosas.
De la mano de la inestabilidad política, siempre viene la inestabilidad económica. Monedas que se devalúan sin control, inflaciones galopantes que pulverizan el poder adquisitivo, tasas de interés volátiles, presupuestos públicos descontrolados y, a menudo, una deuda externa que pende como una espada de Damocles. En un escenario así, el ahorro y la inversión dentro del país se vuelven una apuesta de alto riesgo, casi un acto de fe. Es natural que quien tiene un patrimonio busque protegerlo, y muchas veces, esa protección solo la encuentra fuera.
Y luego está la falta de reglas claras. América Latina es, en muchos aspectos, una jungla burocrática. Los marcos legales son complejos, a menudo ambiguos, y su aplicación puede ser discrecional. La corrupción es un fantasma que acecha en cada esquina, haciendo que obtener permisos, licencias o incluso justicia sea un laberinto sin fin. Cuando la ley no es igual para todos, cuando el favoritismo y el soborno son parte del paisaje, la confianza se erosiona hasta desaparecer. Los inversionistas, sean grandes o pequeños, necesitan predictibilidad y un sistema legal robusto que les garantice que su capital estará protegido y que sus derechos serán respetados. Si no hay seguridad jurídica, ¿quién se atreverá a arriesgar?
