Desde que asumió el cargo en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, el presidente Gary Gensler ha sido calificado en repetidas ocasiones como el "policía malo" del sector de los activos digitales. En este sentido, durante los últimos 18 meses, Gensler ha adoptado un enfoque extremadamente duro hacia el mercado de las criptomonedas, imponiendo numerosas multas y aplicando políticas estrictas para hacer que los actores de la industria cumplan con las regulaciones.
Sin embargo, a pesar de su agresiva postura reguladora de las criptomonedas, Gensler, en su mayor parte, ha permanecido callado sobre varias cuestiones clave de las que los defensores de los activos digitales han estado hablando durante mucho tiempo. Por ejemplo, la SEC aún no ha aclarado qué criptomonedas pueden considerarse valores, afirmando una y otra vez que la mayoría de las criptomonedas del mercado actual podrían clasificarse como tales.
Gensler también ha señalado anteriormente que ya existe una plétora de leyes que ofrecen suficiente claridad con respecto a la regulación del mercado de criptomonedas. En una entrevista reciente con Bloomberg, dijo que para que los criptoinversores obtengan la protección que merecen, los intermediarios, como las plataformas de comercio y préstamo de criptomonedas, deben ajustarse a los requisitos de cumplimiento establecidos por la SEC:
“Nada sobre los criptomercados es incompatible con las leyes de valores. Los inversionistas se han beneficiado de casi 90 años de protecciones bien elaboradas que brindan a los inversionistas la divulgación que necesitan y que los protegen contra conductas indebidas como la apropiación indebida de los activos de los clientes, el fraude, la manipulación, las operaciones anticipadas, las ventas ficticias y otros conflictos de intereses que perjudican a los inversionistas y integridad del mercado”.
Desde abril de 2021, Gensler ha multado a una serie de criptoempresas y promotores por violaciones de valores, y empresas como BlockFi han tenido que desembolsar hasta USD 100 millones en multas por fallas en el registro.
